QUEJA DISCIPLINARIA por Pablo Huneeus

QUEJA DISCIPLINARIA
por Pablo Huneeus

A las diez y cinco de la mañana de hoy martes 19 de mayo, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Jorge Dahm (hijo del artista) me recibió en su oficina a fin de darle a conocer el trato propinado por una jueza a un hijo mío inválido.

El procedimiento, denominado “queja disciplinaria” (no confundir con recurso de queja, que requiere patrocinio de abogado) está abierto a todo ciudadano que se sienta afectado por las actuaciones de funcionarios sujetos a la jurisdicción disciplinaria de la cortes.

Tras enunciarle el asunto, el escrito de marras quedó ingresado con el Nº 1119-2009 en la secretaría del alto tribunal. Dice así:

Queja por maltrato a discapacitado en Tribunal de Familia, 11-V-2009, causa (RUC) 8-2-0336225-1, RIT C-6182-2008.

Señor don
Jorge Gonzalo Dahm Oyarzún
Presidente,
Ilustrísima Corte de Apelaciones
Santiago de Chile.

Excelso magistrado,
Permítame, su señoría, interponer queja disciplinaria contra una jueza del Primer Juzgado de Familia de Santiago que en audiencia agredió de palabra a mi hijo discapacitado. Llamada Magaly del Pilar Henríquez Feliú, la agrupación “Amor de Papá” (amordepapa.org) la destaca por el maltrato psicológico que inflige a los niños.

Cuando entramos a la sala donde había de oficiarse el sacramento de impartir justicia, estaba medio de espaldas, ojeando papeles. Una mínima educación impone saludar a quien sea que recibamos en casa, templo o tienda. Con mayor razón si nuestro despacho, por llamarlo así, es un tribunal de la república.

-Buenos días – le dije, salutación que ella, sin levantar la vista, rehusó responder, dando así señal del ensañamiento que venía. Si hasta el leñador chilote saluda cortésmente a quien le consulte el precio de la vara, ¿por qué no una funcionaria bien pagada? ¿No merece la gente común un trato digno? Siendo la primera función del Estado impartir justicia es mi deber ciudadano colaborar, como ahora, con la recta administración del bien superior.

Mi asunto es menor, compromete sólo una pensión. En cambio, Chile entero peligra si el Poder Judicial, base metafísica del orden institucional, pierde su ascendiente a causa de malas maneras. De ahí a la percepción colectiva de injusticia social hay un paso, siendo el siguiente, la revolución.

Advertida dicha jueza de la discapacidad de mi hijo Pablo Miguel (cáncer medular + trastorno bipolar del ánimo), al tomarle su declaración de testigo, no tuvo miramientos en las dificultades qué él, tras la extirpación del tumor de lengua, tiene para hablar.

Luego de la última operación –van cuatro ya– quedó imposibilitado de hablar claro. Con terapia de fonoaudiología, ha mejorado su dicción al punto de que se le entiende si uno afina el oído. Sin embargo la mentada jueza, en coro con la abogada contraria, Karina Abumohor Ramírez, lo sometió a un interrogatorio cruzado de inusitada agresividad.

El registro de audio evidencia cómo la magistrada alza la voz para exigirle que pronuncie adecuadamente el año (1989) desde el cual vive en mi casa, sin darle tiempo de aclarar que en veinte años, por cierto ha residido temporadas fuera de Santiago.

– ¡Es que no le entiendo!, – le gritaba la jueza, – ¡no le entiendo!

– Miy nueve oshensha nueve, –replicaba, siempre manteniendo su dignidad y apostura, pero sin poder modular aquellas letras, como la ele o la te, que requieren levantar la lengua hasta alcanzar el paladar.

– ¡Mejor escríbelo en un papel! – le vociferó exasperada, a lo cual mi abogada para calmarla le dijo: mil novecientos ochenta y nueve, su señoría.

He visto matonaje en la vida –grandotes pegándole a chicos en el colegio, carabineros apaleando liceanas en la Alameda y al presidente Lagos dejando con la mano extendida a legisladores– pero nunca tal iniquidad.

Al querer pedir respeto, de modo perentorio ella me exigió silencio, para proseguir con lo que parecía más un linchamiento que una audiencia de juicio. ¿Qué fue del espíritu de conciliación, diálogo informal y respeto a las partes que había de guiar los nuevos Tribunales de Familia? (Ley 19.968 de 2004)

Seguidamente, le tocó al contador Miguel Briones Pacheco, atestiguar de mis declaraciones de renta. Dos veces mi abogada y otras dos el infrascrito reclamamos de las preguntas, con dejo de calumnia encubierta, que le estaban formulando en busca de ingresos, aparte del de vender libros y mi jubilación.

Por cierto, ya que no existen, él rehusó hablar de mis “otras empresas”, lo que no hizo más que exasperar a sus examinadoras y cuando abogada contraria y jueza inquisidora, le preguntaron que es “contabilidad de costos”, él se abstuvo de responder porque no es profesor. Igual, en tono burlón le preguntó acaso había ido a la universidad, dando entender su desprecio al profesional práctico.

Pero dónde mejor quedó plasmada su falta de ecuanimidad fue cuando al preguntarle la jueza de mis declaraciones mensuales de IVA y PPM, inquiere sobre cuántos libros vendo. En las pymes no es el contador quien boletea, ni es materia de contabilidad el número de sandías o de tornillos vendidos. Es el dinero consignado en boletas o facturas, lo que cuenta.

–¡Entonces el Sr. Huneeus puede estar vendiendo cinco o quinientos mil libros y Vd, no sabe! –exclama molesta.

Medio millón de libros mensuales, o sea seis millones al año, aparte de ser una denuncia calumniosa, pues estaría evadiendo IVA por 5.989.000.- ejemplares, evidencia a todas luces el lado que ella ha tomado en la contienda.

Varias veces más quise hablarle, pero siempre me negó ese derecho. Ídem, las objeciones de mi abogada, Lorena Arqueros, ninguna de las cuales aceptó.

Estaba yo con una mano en alto para pedir la palabra, cuando la jueza súbitamente suspende la audiencia. Fijó la continuación, en detrimento mío, para tres meses más, el 13 de agosto. ¿Y el principio de “inmediación y búsqueda de soluciones colaborativas entre las partes” de que habla la ley 19.968?

Como resultado, mi hijo entró en una de sus fases de mutismo y al día siguiente debió ser atendido por el siquiatra Arturo Mardones Acevedo.

Dadas, pues, las ofensas proferidas por dicha jueza y lo sesgado de su actuación, es que solicito, sea conminada a pedirle disculpas a Pablo Miguel Huneeus Vergara, y a inhabilitarse de seguir conociendo la causa.

Saluda atentamente a Vd.

Pablo Huneeus Cox
2.557.699-3

Post Scriptum: Por resolución del 25 de mayo de 2009 “se declara inadmisible la queja disciplinaria interpuesta a fojas 1, por manifiesta falta de fundamento. Notifíquese y archívese.”

En cuanto a defensa corporativa, recuerde el alma dormida, el blindaje brindado por la Corte Suprema a la jueza del Quinto Juzgado de Menores de Santiago, María Angélica Grimberg, quien en 1988 fue sólo objeto de una amonestación escrita por apoderarse en apenas 28 millones de una mansión estilo georgiano en la vía Verde, esquina Gran Vía de Lo Curro, con 5.000 metros de terreno, perteneciente a una familia que litigaba por tuición y alimentos de cinco niños en su tribunal.

Ella misma, ordenó cautelar el bien familiar para luego sacarla a remate en circunstancias de ser la propia jueza la única oponente. Si de proteger a los niños se trata ¿por qué no la puso a nombre de ellos? Hoy día es un verdadero monumento al poder omnímodo de la jueza de familia para esquilmar y demoler esa institución.

De prevaricación, (Art. 223, 224 y 225 del Código Penal) ni hablar.

No contenta, a fin de ganar un bono de gestión, falló 841 casos en 48 horas, con gran detrimento a padres de familia, algunos de los cuales han demandado al Estado (o sea al contribuyente) por los daños patrimoniales y morales ocasionados.

Y cuando fue sorprendida manejando contra el tráfico en estado de ebriedad, no fue detenida, como le ocurre a cualquiera involucrado en tan peligrosa conducta. El poder se protege a sí mismo: recibió apenas una multa simbólica de 38 mil pesos más un único mes de suspensión de licencia de conducir.